Gobernadores fronterizos boicotean cumbre en ArizonaDurante la 34 reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se desarrolla en Ciudad Victoria, capital del norteño estado de Tamaulipas, los gobernantes fronterizos recordaron que la próxima reunión estaba prevista para septiembre de este año en el estado de Arizona. El mandatario de Tamaulipas, Eugenio Hernández, dijo a nombre de los gobernadores de la frontera que la Ley SB1070 de Arizona contiene disposiciones discriminatorias contra los más elementales derechos humanos, por lo que decidieron no acudir a ese estado.
"Los gobernadores de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas hemos adoptado la determinación de impulsar un cambio de sede para poder llevar a cabo nuestro encuentro con los gobernadores de California, Nuevo México y Texas", expresó Hernández. El funcionario tamaulipeco pidió a los gobernadores de todo el país expresar su solidaridad y apoyar la decisión de abstenerse de acudir a la 29 reunión que se celebraría en Arizona e impulsar una sede alterna en algún otro estado, ya sea California, Nuevo México o Texas. La propuesta fue aprobada por la totalidad de los gobernadores asistentes a la reunión de la Conago. Por otra parte, los gobernantes expresaron su reconocimiento a las fuerzas armadas del país por su contribución en favor de la seguridad y tranquilidad social. En el documento titulado "Declaración de Victoria" se destacó el papel de las fuerzas federales en la tarea de servir al país y salvaguardar la seguridad nacional y pública. Asimismo "valoraron plenamente" las tareas que realizan frente a las manifestaciones de la delincuencia contemporánea más peligrosa, y su pretensión de establecer situaciones de facto que atentan contra el imperio de la ley y los derechos de las personas y los grupos sociales. Durante la reunión, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, propuso convertir en delito federal las agresiones contra la libertad de expresión y prensa. Osuna sugirió enviar al Congreso mexicano una propuesta que deberá ser avalada por todos los gobernadores sobre este tema en su próxima reunión. "No hacerlo representaría claudicar en una de las garantías institucionales y en un derecho universal que nos ha costado un gran esfuerzo alcanzar", indicó el gobernante.
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