EL FISCAL DE LA SIEDO OBTUVO AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA CINCO PERSONAS, PRESUNTAMENTE DEDICADAS AL TRASIEGO DE DROGAS

Como resultado del trabajo jurídico del Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit dictó auto de formal prisión contra Carlos Antonio Morales Calderón, Luis Norberto Romero, Carlos Roberto Quiroz Alabarca o Carlos Roberto Quiros Alabarca y Sergio Steven Araya Moreno por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada.

Asimismo, contra Morales Calderón, Norberto Romero y Quiroz o Quiros Alabarca por la probable comisión del antijurídico de contra la salud en las modalidades de transporte del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína e introducción al país del estupefacientes denominado clorhidrato de cocaína, y contra Araya Moreno por el delito de contra la salud en las modalidades de transporte e introducción al país del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína y diacetilmorfina (heroína).

En tanto, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, dictó auto de formal prisión contra Ericka Mariana Delgado Sánchez como probable responsable en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en las modalidades de transporte e introducción al país del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína.

Los procesados fueron detenidos el pasado 26 de enero por elementos de la Policía Federal Ministerial en Cancún, Quintana Roo.

Como parte de la investigación que realizó el Fiscal de la SIEDO se logró ubicar el modus operandi de la organización para el transporte de la droga, que consistía en la ingesta de cápsulas rellenas con los estupefacientes.

El Gobierno Federal continuará trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la certeza de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.