Versión de la intervención en tribuna del senador Luis Alberto Coppola Joffroy
7 de abril de 2010
Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores.
Cuestiones como la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias son parte de un cáncer social que ha originado vicios arraigados en nuestra población.
La violencia que existe en casi cada rincón de nuestra República no es más que el reflejo de lo narrado y del pensamiento de que a percepción de muchos no importa la violación a los marcos legales o la consecución de delitos, toda vez que el sistema de procuración e impartición de justicia tiene recovecos que permiten que sus conductas queden impunes y sin castigo
No podemos quedarnos al margen de los eventos que suceden día a día y de momento en momento, cuando desperados por la impunidad, la corrupción, violación de garantías individuales nuestros representados acuden a nosotros para convertirnos en un canal que otorgue la voz a los ciudadanos que se sienten agraviados y desprotegidos.
Es necesario recordar que son los casos de abuso a particulares lo que más indigna a la población y de los que hoy en día están inundados los medios de comunicación, tales como los de la pequeña niña Paulette o el asesinato de los jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey en días recientes. Es el caso que me ocupa en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. El pasado 4 de marzo del año en curso, a las afueras de en un establecimiento mercantil, ubicado en el malecón, el ciudadano Jonathan Hernández Ascencio fue asesinado arteramente por arma de fuego en la espalda, mientras que su hermano Daniel y su primo Héctor, todos de los mismos apellidos, resultaron heridos por igual medio.
A los pocos minutos de la consecución del homicidio y las lesiones causadas, los cuerpos de policía dieron con el paradero de los agresores, mismos que en el acto fueron detenidos e inmediatamente puestos a disposición del Ministerio Publico.
Desde el inicio de la investigación de Ministerio Publico Investigador, se cometieron una serie de irregularidades explicables solamente por el imperante tráfico de influencias y corrupción.
En primer término, el personal auxiliar del Ministerio Público buscó variar e influir en la declaración de los testigos presenciales de los hechos; además, la escena del crimen no fue debidamente asegurada,
Por otro lado, una vez que se había detenido al probable homicida, a éste se le permitió tomar un baño y un cambio de ropa, lo cual facilitó la desaparición de los indicios que podían haber sido levantados a su persona.
Y aún cuando tanto testigos, como lesionados, declararon que los presentados ante el Ministerio Público se revelaban como los responsables del homicidio y de las lesiones narradas, el representante social ordenó la inmediata liberación tanto del autor material del crimen, así como de los autores intelectuales.
Finalmente, el probable homicida que fue puesto en libertad con la colaboración de las propias autoridades investigadoras, pudo abandonar la ciudad de La Paz para dirigirse vía aérea a la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde se presume pasó a territorio norteamericano.
No debe de omitirse que en el crimen están implicados Gary Gaines Hidalgo, así como Emilio González Rubio y Carlos Alejandro Castro, sobrinos del ex procurador de Justicia Fernando González Rubio además de un sobrino de un flamante diputado federal de Baja California Sur.
Este caso en cuestión ha suscitado reacciones de la sociedad que indignada por los hechos salieron a protestar ante el gobernador de la entidad, Narciso Agúndez Montaño, inquiriéndolo en su domicilio y en su propio informe de gobierno.
Además, la muestra de la indignación de la sociedad se ha manifestado en nutridas marchas de ciudadanos.
Como consecuencia de lo anterior, el gobernador de la entidad, Narciso Agúndez Montaño, separó de su cargo al entonces Procurador de Justicia del estado, Licenciado Fernando González Rubio Cerecer.
Sin embargo, el procurador destituido Fernando González Rubio, al día de hoy figura como coordinador de asesores del propio gobernador.
Narciso Agundez Montaño nombra de inmediato al Licenciado Karim Francisco Martínez, como encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia, violando flagrantemente la Ley Orgánica del Ministerio Publico, ya que la figura de encargado de despacho es jurídicamente inexistente, toda vez que quien debe de suplir las ausencias del Procurador, lo es el Subprocurador de Averiguaciones Previas.
Además, nombra sin facultad alguna también, a un fiscal especial para que investigue los hechos, en particular, recayendo en una persona que violentando una vez más la Ley Orgánica citada, ya que esa facultad está reservada al Procurador, que en este caso había nombrado de manera ilegal el gobernador.
Como desenlace de las violaciones del gobernador, en recientes fechas la misma persona que fue ilegalmente nombrada como encargado del despacho de la Procuraduría sudcaliforniana fue elegido por mayoría en el Congreso del estado, como formal procurado, aún con la oposición férrea de la sociedad, ya que resulta ser que el nuevo procurador, Karim Francisco Martínez, es compadre, amigo y socio del gobernador Agúndez.
Hablar de más detalles del presente asunto me parece que no hay mucho interés por parte de algunos de las compañeros y compañeros senadores porque no se suscitaron los hechos en su estado.
Me llevaría rebasar el límite que me es permitido y ni aún así terminaría de explicar la indignación de la sociedad y las múltiples violaciones jurídicas, corrupción y tráfico reinfluencias en el presente asunto.
El argumento más sencillo para rechazar este punto de acuerdo sería el decir que no está en la facultad del Senado la investigación, persecución y castigo de los delitos.
Sin embargo, debemos ser una Legislatura que esté a la altura de los retos que hoy se presentan en nuestro país y a nuestros representados. Debemos hacer más que sólo quedarnos a mirar cómo se abusa de los particulares y los jurídicamente encargados no hacen nada.
No se está solicitando una persecución política, sino la conformación de un grupo plural como el que se formó para investigar el estado jurídico que guardan los procesados en el estado de Michoacán y del cual yo orgullosamente formo parte y me he comprometido a lo trabajado.
Queremos la conformación de un grupo plural en el que se incluyan representantes de la fuerza electoral a la que pertenece el gobernador en cuestión, pero que sobre todo investigue y pueda dar certeza a la población de La Paz de que en nuestro país el Estado de derecho aún rige e impera por sobre todas las cosas.
Quiero también para finalizar que el día de ayer me enteré que los tres personajes que están involucrados en el incidente y se encuentran recluidos en el penal de la capital de Baja California Sur han sido amenazados d muerte porque han declarado que en el acto, en la escena del homicidio estuvo presente el hijo del gobernador Narciso Agúndez.
La intención es de que los hechos descritos sean completamente conocidos, toda vez que el que nos ocupa es un caso que ventilar y una relevancia masiva por la indignación social que ha provocado.
Es por lo que someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Unico. La Junta de Coordinación Política integra un grupo de trabajo plural de senadores de la Republica para que investiguen las probables violaciones al procedimiento con motivo de la integración de la averiguación previa que se radicó en la agencia del Ministerio Publico especializada en homicidios zona norte, con residencia en la ciudad de La Paz, Baja California Sur y las conductas que podrían ser constitutivas de delito, en que hayan incurrido tanto el Ministerio Publico, que inició la averiguación previa y su personal auxiliar, así como el subprocurador de Justicia, el procurador General de Justicia, hoy separado de su cargo, y el propio gobernador del estado Narciso Agúndez Montaño, por las recurrentes violaciones a las leyes locales y al marco constitucional local.
Muchas gracias.
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