Gobierno de EU interpone demanda contra alguacil Arpaio
Ante el desden, rebeldía y arrogancia del controversial sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó nuevas medidas. La mañana de este jueves, Thomas Perez, subprocurador a cargo de la división de Derechos Civiles, anunció que presentó una segunda demanda contra Joe Arpaio por rehusarse a cooperar en la investigación del Departamento de Justicia sobre actos de discriminación por origen nacional, en violación de la Sección VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esa sección prohíbe la discriminación por parte de agencias que reciben fondos federales y exige que quienes reciben los recursos cooperen ampliamente en la investigación de casos de discriminación, brindando acceso a archivos, documentos, instalaciones e información del personal, lo que Arpaio no ha hecho, a pesar de reiteradas promesas.
El 15 de agosto venció el plazo para que Arpaio presentara documentos que le fueron solicitados hace de 15 meses, como parte de una investigación en su contra que comenzó en 2009. Joe Driscoll, uno de sus abogados, dijo que no habían recibido aún la notificación de la nueva demanda. Arpaio enfrenta cientos de denuncias de hispanos que han sido víctimas de cateos anticonstitucionales, detenciones, maltrato, trabajo forzado y hasta discriminación como es el caso de los uniformes y ropa interior color de rosa que Arpaio les obliga a usar en cautiverio. El Departamento de Justicia informó que la demanda se presentó luego de agotar exhaustivamente todas las medidas posibles para obtener acceso a documentos e instalaciones del sheriff de Maricopa, a fin de conocer más detalles acerca de supuesta discriminación de éste en prácticas de detención. De acuerdo a la oficina del Procurador General de Justicia, la renuencia de Arpaio a cooperar, convierte a esa corporación en la única que no sólo se niega sino desafía la a autoridad federal, en los últimos 30 años. Las acciones del sheriff Arpaio no tienen precedente, dijo el subprocurador Perez. Es desafortunado que el Departamento de Justicia haya tenido que recurrir al litigio para poder acceder a la información necesaria para la investigación sobre violación de derechos civiles. La investigación continua abierta y con nuevos elementos. El sheriff, con ambiciones de gobernador de Arizona, ahora presuntamente esta detrás de un nuevo escándalo, luego que una cadena de colegios comunitarios del estado comenzó a exigir -ilegalmente- que indocumentados presenten tarjetas de residencia permanente, antes de ser contratados. El Departamento de Justicia había presentado una demanda similar hace menos de 2 meses, cuando también se presentaron demandas contra el estado de Arizona y la gobernadora republicana Jan Brewer. Sin embargo, Arpaio, explotando el sentimiento antiinmigrante, niega la información mientras continúa su campaña contra indocumentados latinos, al amparo de la nueva Ley SB-1070 de Arizona. El Departamento de Justicia está pidiendo a un juez que ordene a la red de colegios comunitarios de Arizona una multa de 1,100 dólares por cada uno de los 247 solicitantes de empleo, no ciudadanos, a quienes se requirió la presentación de prueba de residencia, como una forma de disuasión a la práctica, que fue suspendida en enero de este año.
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